Los veracruzanos, protegidos por la ley y las instituciones: Javier Duarte

* Participa en el Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

* Convoca respetuosamente a los legisladores a que aceleren las reformas judiciales

Xalapa, Ver., 22 de julio de 2011.- Los veracruzanos están protegidos por la ley y las instituciones y Veracruz tiene un compromiso claro para procurar eficientemente la justicia e impartirla en base a leyes nobles con un nuevo sistema que privilegie la rapidez, la transparencia y la certeza, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Al presidir la reunión del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Ejecutivo estatal expresó que la eficiencia y la eficacia judicial son condiciones indispensables para el bienestar social.

“La nueva etapa que vivimos es de crecimiento, inversiones, empleos, desarrollo humano y mayores oportunidades de una vida digna. El ambiente de justicia y legalidad es el único donde los actores sociales pueden relacionarse de manera armoniosa y consolidar esos logros. Los trabajos de este Consejo son en abono de esa visión y, por lo tanto, para el bienestar de los veracruzanos”, aseveró.

En presencia de diputados locales e integrantes del Poder Judicial, Duarte de Ochoa exhortó respetuosamente a los legisladores a acelerar el proceso para alcanzar cuanto antes los acuerdos que hagan posibles las reformas pertinentes en materia judicial.

“Estoy seguro que con el apoyo y con la responsabilidad siempre manifestada por nuestros legisladores, vamos a contar con ese respaldo para hacer que estas acciones se conviertan ya en hechos concretos a favor de la impartición de justicia en Veracruz y, por ende, a favor de la sociedad veracruzana”.

Dijo que perseguidores del delito, juzgadores y hacedores de leyes nos alineamos para avanzar en sincronía hacia un nuevo sistema de justicia penal, con la participación del sector académico, representado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y la colegiación de los profesionales del Derecho en el estado.

Explicó que el mandato Constitucional pide establecer a plenitud el nuevo modelo penal a más tardar en el 2016 y dijo que si se avanza por el rumbo que Veracruz lleva, se podrá alcanzar este objetivo antes del plazo establecido y, desde luego, el soporte del Consejo Federal de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Duarte de Ochoa indicó que por lo que compete al Poder Ejecutivo, “les puedo asegurar toda la determinación de hacer lo necesario para lograr la transformación de nuestro régimen de justicia”.

Dijo que un paso fundamental ha sido la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil y recordó que en abril inauguró en Palma Sola una nueva sede de los Juzgados de esa materia, donde los procesos orales ya son realidad. “Las figuras de jueces de garantías y de ejecución, incorporadas en esa Ley, son un buen modelo para tomar en cuenta”, indicó.

Subrayó que el sistema penal es un componente fundamental del Estado de Derecho “y debemos tener presente que los delitos dañan a las víctimas, pero también dañan a la sociedad entera”.

Concluyó señalando que la capacidad del Estado de castigar los ilícitos es un ingrediente indispensable de la gobernabilidad, porque la sociedad quiere procesos penales en los que pueda confiar, que protejan a las víctimas, al tiempo que se respeten las garantías de los acusados.

Por su parte, Rocío Ayala Contreras, secretaria Técnica del Consejo Consultivo, anunció que fueron dos los proyectos aprobados por la federación, uno, la Planeación Integral para Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz, que consiste en diseñar un plan integral para implementar de manera gradual el Sistema de Justicia Penal en el estado, que considere los cambios y adecuaciones de acuerdo a las características y condiciones necesarias para operar el nuevo sistema de justicia penal.

El segundo es el Plan Integral para el Desarrollo de Modelo de Gestión en el Estado de Veracruz, cuyo objetivo principal es diseñar un nuevo modelo de gestión que considere la reorganización del sistema de seguridad y justicia, con el fin de transformar el sistema inquisitivo a uno acusatorio y adversarial, basado en un enfoque de procesos adecuado a las nuevas funciones de los órganos operadores.

El presupuesto que se autorizó para estos proyectos es de 6 millones 470 mil pesos”, informó.

Asistieron Gerardo Buganza Salmerón, secretario de Gobierno; Reynaldo Escobar Pérez, Procurador de Justicia; Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública y Guillermo Herrera Mendoza, jefe de la Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.

Los legisladores Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales; Francisco Javier Lara Arano, de Seguridad Pública y Armando Méndez de la Luz, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

También los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Arnulfo Emilio Polanco Servín y Martha Ramírez Trejo; así como Antonio Barat Pérez, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz y Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.