+ Se crea el delito de Espionaje a las Instituciones de Seguridad Pública
+ Penas de 6 a 15 años de prisión y multa de hasta 400 días de salario
Xalapa, Ver., 22 de junio de 2010.- En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y el Pacto por la Seguridad de los Veracruzanos, el gobernador Fidel Herrera Beltrán envió al Congreso del Estado una Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un capítulo y un artículo bis al Título XVI del Código Penal para el Estado, estableciéndose el delito de Espionaje a las Instituciones de Seguridad Pública.
Con lo anterior se busca inhibir a toda persona que colabore con la delincuencia organizada, proporcionándole información acerca de los movimientos y localización de las diversas autoridades que intervienen en tareas de seguridad pública, persecución e investigación de los delitos y aplicación de sanciones
La iniciativa del titular del Poder Ejecutivo estatal reafirma el compromiso de mantener seguro a Veracruz, crear las condiciones necesarias para un mejor desempeño de las tareas de los cuerpos de seguridad y reafirma también su compromiso de mantener una estrecha colaboración con el Gobierno Federal a través de sus instituciones: el Ejército, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República.
En su exposición de motivos, el Gobernador considera alarmante que en la actualidad, el espionaje y la sustracción de información a las Instituciones de seguridad pública se hayan convertido en una práctica recurrente en nuestro país, que pone en riesgo la integridad y la vida del personal de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
La Iniciativa de Decreto establece que se impondrán de seis a quince años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario mínimo a quien aceche, vigile o realice actividades de espionaje sobre la ubicación, las actividades, los operativos o labores en general que realicen elementos de instituciones de seguridad pública, de persecución, de investigación, de sanción del delito o de ejecución de penas.
En el caso de servidores públicos, las penas se agravarían hasta en una mitad más y se impondrá la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos hasta por el término de quince años.
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