Xalapa, Ver., 12 de septiembre de 2011.- En Veracruz se modificará el Código Penal y la perturbación del orden público será un delito menor, aseguró el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, al dar a conocer una iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa al Congreso local para incluir un artículo en el Código Penal y castigar la perturbación del orden público con una sanción menor a la de “terrorismo”, consignada en el artículo 311.
Dijo que con este artículo se buscará que este delito no sea considerado como terrorismo, con una pena de tres a 30 años, sino de “perturbación del orden público” en donde se impondrá prisión de uno a cuatro años o multa de 500 a mil días de salario.
La propuesta de Decreto propone incluir un capítulo al título XXII y adicionar el artículo 373 al Código Penal para el Estado de Veracruz.
De esa manera, el Capítulo III denominado Perturbación del orden públicoquedaría de la siguiente manera en su artículo 373: “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
En la exposición de motivos, la propuesta indica que “en las condiciones actuales resulta imprescindible la adecuación de las normas jurídicas a una realidad innegable en la cual debe atenderse a la protección máxima de la libertad de expresión como un derecho humano, al tiempo que se evite el abuso de la misma para atentar contra valores sociales fundamentales”.
Indica que “es ampliamente conocido el principio general de que todo derecho individual llega hasta donde no afecte el derecho de un tercero o de la colectividad. De ahí que en el artículo sexto constitucional se indiquen claramente los límites que las leyes pueden imponer a la libertad de expresión, los cuales son: el ataque a la moral o a los derechos de tercero, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público”.
Adicionalmente, y con objeto de que la tipificación permita mantener la penalidad en un rango que no tenga un máximo tan elevado como los delitos que producen la causación de pánico mediante actos de extrema crueldad, se propone una sanción de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, según la magnitud de la perturbación, señaló el Secretario de Gobierno.
Centro de Control y Confianza
Por otro lado, el Secretario de Gobierno informó también que el Ejecutivo estatal presentó el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para fusionar las funciones de Evaluación y Control de Confianza en las diversas dependencias estatales.
Según el artículo 97, el Instituto Veracruzano de Evaluación y Control de Confianza es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y operativa, que tiene por objeto coadyuvar en la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública, de acuerdo con los modelos y protocolos de evaluación y control de confianza que se establezcan por el Centro Nacional de Acreditación y Certificación.
El instituto estará sectorizado al Consejo Estatal de Seguridad Pública y tendrá su domicilio en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
La iniciativa abroga el Acuerdo por el que se crea la Unidad Administrativa denominada Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de septiembre de 2009, así como el Acuerdo No. 27/2009, del Procurador General de Justicia del Estado, por el que se crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 18 de agosto de 2009.
De esa manera, los recursos humanos, materiales y financieros, que formaban parte del patrimonio de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado se transfieren en su totalidad al Instituto Veracruzano de Evaluación y Control de Confianza.
Buganza Salmerón destacó que con estas iniciativas el gobernador Javier Duarte pretende adecuar la legalidad, modernizarla y hacerla más funcional para el servicio de los veracruzanos.
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