COATZACOALCOS, Ver. 08 de Mayo de 2010.- La presidenta de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y directora del Instituto de Defensa Pública Penal de Guatemala, Blanca Aída Stalin Dávila, entregó este sábado, a nombre de 25 países iberoamericanos, un reconocimiento al gobernador Fidel Herrera Beltrán por su trabajo y visión a favor de la defensoría pública.
En la clausura del V Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Ureta, la funcionaria guatemalteca resaltó que el Ejecutivo del estado muestra la mentalidad de un hombre futurista, que antes de que se hiciera la reforma en México ya pensaba en la creación y fortalecimiento de la defensoría pública de Veracruz.
En el Centro de Convenciones, la también directora del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala resaltó el interés y el amor del Mandatario veracruzano por la gente vulnerable de su estado y de México.
A nombre de miles de defensores de oficio de los países iberoamericanos entregó el reconocimiento y le pidió siga fortaleciendo la defensoría pública de Veracruz, que fue la primera entidad de México que abrió las puertas para trabajar en este rubro, por lo que comprometió todo el apoyo al Estado.En el evento, que congregó durante tres día a defensores públicos de 27 entidades, presidentes de barras y colegios del país, así como a estudiantes de la carrera de derecho, el gobernador Fidel Herrera Beltrán resaltó que Veracruz trabaja para que ningún delincuente esté libre y para que ningún inocente pague una carga social inmerecida.
De ahí que en el nuevo sistema de justicia penal, la defensoría pública es el sustento para consolidar el país más justo, transparente y democrático, ya que es una institución fundamental de la democracia mexicana.
Dijo que mejorar el acceso a la justicia implica contar con un sistema de defensoría pública más amplio, profesional, eficaz en sus resultados, para hacerlo más confiable.
Añadió que la defensoría pública es un derecho constitucional que se debe garantizar y que su concepto debe profundizarse para constituir una cultura que vaya mucho más allá de la defensoría de oficio para convertirla en una institución para quienes tienen alguna vulnerabilidad.
La asistencia jurídica gratuita a la población, dijo, tiene una relevancia especial no por el hecho de la condición económica, cultural, étnica, sino porque es un principio elemental de un estado ofrecer condiciones por igual a todos.
En Veracruz, apuntó que junto con los juicios orales se han encontrado medios alternativos de solución de conflictos donde la figura del defensor es de una importancia extraordinaria, por eso se respalda la tarea de construcción de defensoría pública para las entidades federativas.
Destacó que el Instituto de la Defensoría de Oficio inicio sus actividades en el mes de noviembre e 2006, que ha desarrollado una tarea ampliamente reconocida que se refleja en la calidad de los servicios, muestra de ello es que inicio con 200 casos y que en el primer cuatrimestre de este año se han atendido 304 casos.
Atiende a los pueblos originales apoyados por la Academia de Lenguas de la Secretaría de Educación, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF estatal, para ofrecer traductores de lenguas originales, que ha obligado a designar agentes del ministerio público en otomí, tenex, totonaca y en náhuatl. Además, está pendiente la incorporación que agentes del ministerio público que hablen las lenguas originales de quienes procedentes de Oaxaca se han radicado en Veracruz.
En la ceremonia de clausura del V Congreso Nacional, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, mencionó que la defensoría legal y pública en México no debe ser una función sometida a ningún órgano del Estado, que pueda ser menoscabada o debilitar su obligación de resistir una acusación del Estado, debe contar con los soportes que exige la ley.
Añadió que este congreso es un foro constitucional fundamental para el desarrollo de la vida de la República, de ahí, que en los últimos años la justicia penal y la seguridad pública tienen un aspecto central. “México ha decidido romper los ciclos de corrupción y las relaciones indebidas que durante un tiempo debilitaron a las instituciones republicanas”.
Por eso, mencionó, México ha decidido enfrentar y poner del otro lado de la barrera del poder a las organizaciones delincuenciales, bajo las formas que una democracia obligan a hacerlo: con respeto a la ley y con instituciones que garanticen que la justicia se aplique de manera clara, justa, equitativa, sin cobardías ni villanías, agregó.
Dijo que la presencia de los defensores en ese proceso garantiza que quien reciba una condena haya tenido la capacidad de resistir la acción del Estado, que se haya visto beneficiado de las defensas, excepciones o modalidades que señala la ley, y quien no haya cumplido los requisitos de evidencia que exige la democracia para ser condenado sea absuelto, por eso se le han dado al estado facultades de investigación que lo obligan a probar su caso en contra de las personas.
El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos Estatal, David Peña González, se pronunció por la necesidad de establecer en una interlocución ante el Congreso de la Unión para que se avance en la priorización de la justicia como valor fundamental de la república.
Se trata, apuntó, de avanzar en la autonomía de los poderes judiciales a fin de garantizar las garantías democráticas que serán la justicia y sus fines, que prevalezcan inclusive sobre el capricho del poderoso, “porque un pueblo que sabe defender sus libertades, es un pueblo que sabe construir su propia prosperidad”, señaló el presidente de la ANDP.
Consideró buscar las mejores condiciones económicas para que la defensoría pública no sea una defensa pobre de los pobres, sino una defensa honrada y honorable de todo mexicano que se vea sometido a la justicia penal.
Reconoció que la última reforma que se tiene en materia penal, obliga a defender a la defensoría pública como una las funciones constitucionales más importantes.
El director del Instituto Veracruzano de Defensoría, Mario Ulises Pereyra Esquivel dio a conocer los detalles de los fructíferos tres días de trabajo con la participación de defensores públicos de 27 entidades.
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